Ley 9/2017
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
Contratación pública y transparencia.
La norma suprema del ordenamiento jurídico español.
1.- El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, entre otros, de:
2.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, ¿cubre los daños provocados por el error judicial?
3.- ¿En qué caso la acusación contra un miembro del Gobierno no requiere autorización previa del Congreso?
4.- El control que ejercen los Tribunales sobre la Administración es un control de:
5.- El derecho a la sindicación de los funcionarios públicos:
6.- El Presidente del Gobierno cesa por dimisión. ¿Y el resto de miembros del Gobierno?
7.- El Título IV de la Constitución se denomina:
8.- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de:
9.- Los miembros del Gobierno no podrán ejercer funciones públicas que no deriven de su cargo. ¿Es correcta esta afirmación?
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— Marc, Fundador de Lince Opositor
10.- ¿Quién establece la composición del Gobierno?
11.- La acusación por traición contra un miembro del Gobierno debe ser aprobada por:
12.- La Administración Pública, en su actuación, se somete al principio de coordinación con:
13.- Si tras dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá:
14.- La Administración Pública sirve con objetividad a:
15.- Señale la afirmación INCORRECTA. El Gobierno se compone de:
16.- La propuesta de nombramiento y separación de los Ministros es una competencia de:
17.- El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. ¿Qué otra circunstancia provoca su cese?
18.- ¿Cuál de los siguientes es un principio de actuación de la Administración Pública?
19.- El derecho de los funcionarios a la carrera administrativa está garantizado por:
20.- ¿El dictamen del Consejo de Estado es siempre preceptivo?
21.- ¿El derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos administrativos es absoluto?
22.- Los Tribunales controlan el sometimiento de la Administración a:
23.- La audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que les afecten es un derecho garantizado por el artículo:
24.- El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con:
25.- Un Gobierno en funciones NO puede:
26.- La garantía de audiencia a los ciudadanos se aplica en el procedimiento de elaboración de:
27.- El Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo del Gobierno, se regula por:
Guía del examinador
| Nivel Intermedio Alta presencia en examen¡Test completado! Ahora viene lo importante: entender la lógica detrás de cada pregunta. Hemos analizado los conceptos clave, las trampas donde suele caer la mayoría y los artículos que el tribunal tiene en el punto de mira. Léelo para conectar puntos y reforzar tu criterio, no para memorizar a ciegas.
Pon a prueba tu conocimiento sobre la potestad reglamentaria, el cese del Gobierno y los derechos de los funcionarios públicos.
Este test profundiza en la vertiente jurídica del Gobierno, analizando la potestad reglamentaria y el sometimiento a la ley. Se presta especial atención a los derechos colectivos de los empleados públicos, como la sindicación y el estatuto funcionarial.
Además, incluye preguntas críticas sobre el cese del Gobierno por pérdida de confianza parlamentaria (moción de censura o cuestión de confianza) y el papel del Congreso en la acusación criminal de sus miembros.
| Concepto crítico | Referencia legal | Presencia |
|---|---|---|
| Potestad reglamentaria y función ejecutiva | Art. 97 CE | Alta |
| Supuestos de cese del Gobierno | Art. 101 CE | Muy alta |
| Estatuto de los funcionarios y sindicación | Art. 103.3 CE | Alta |
| Audiencia de los ciudadanos en disposiciones | Art. 105.a CE | Media |
| Ley Orgánica del Consejo de Estado | Art. 107 CE | Baja |
Lo que no puedes fallar
Errores típicos
Tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1).
La ley regulará el acceso de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, según dicta el artículo 103.3 CE.
Debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a iniciativa de la cuarta parte de sus miembros (art. 102.2).
Sirve con objetividad a los intereses generales.
🔑 La clave está en la práctica 🔑
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