Ley 39/2015
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Domina el procedimiento administrativo.
Contratación pública y transparencia.
1.- Entre los procedimientos de adjudicación figura:
2.- El criterio principal de adjudicación es:
3.- Las modificaciones contractuales se permiten:
4.- El procedimiento abierto se caracteriza por:
5.- La subrogación laboral prevista en la LCSP supone:
6.- Según la LCSP, ¿quiénes pueden contratar con el sector público?
7.- La mesa de contratación tiene como función:
8.- La duración de los contratos debe:
9.- Las causas de resolución del contrato incluyen:
Cada lunes mando un email corto con técnicas de memoria, gestión de tiempo y motivación. Sin paja legal, solo lo que funciona. Si no quieres perdértelo, apúntate a la newsletter. No te vas a arrepentir.
— Marc, Fundador de Lince Opositor
10.- Un contrato mixto es aquel que:
11.- El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas sirve para:
12.- La acreditación de solvencia técnica puede realizarse mediante:
13.- El contrato marco permite:
14.- El precio del contrato debe:
15.- Los pliegos de cláusulas deben contener:
16.- Una prohibición de contratar puede derivar de:
17.- Las condiciones especiales de ejecución pueden atender a:
18.- Los contratos reservados se dirigen a:
19.- El contrato de concesión de servicios implica:
20.- Los órganos de contratación deben garantizar:
21.- Las condiciones de solvencia económica deben:
Guía del examinador
| Nivel Básico Alta presencia en examenYa has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.
Dominar el Libro Primero requiere precisión: plazos, sujetos y excepciones son los tres focos del examinador.
El Libro Primero de la Ley 9/2017 regula aspectos fundamentales que concentran una parte significativa de las preguntas de examen. Esta ley es parte del núcleo duro del temario de oposiciones de Administración Pública en España y sus preguntas suelen aparecer en todas las convocatorias.
Lo que más confunde en este bloque son los detalles técnicos: plazos concretos, excepciones a la regla general y los sujetos que intervienen en cada procedimiento. El opositor que estudia en superficie pasa por alto estos matices y los convierte en errores en el examen. El que estudia en profundidad los identifica rápidamente en los distractores.
Un consejo práctico: cuando el examinador presenta cuatro opciones que suenan parecidas, la respuesta correcta suele ser la que tiene el matiz más específico. En este bloque, los matices valen tanto como los datos generales.
| Concepto crítico | Referencia legal | Presencia |
|---|---|---|
| Objeto y ámbito de aplicación | Art. 1 Ley 9/2017 | Alta |
| Principios generales | Arts. 2-3 Ley 9/2017 | Alta |
| Sujetos y destinatarios | Art. 4 Ley 9/2017 | Alta |
| Derechos y obligaciones | Arts. 5-10 Ley 9/2017 | Alta |
| Régimen sancionador | Arts. de régimen sancionador Ley 9/2017 | Media |
| Disposiciones finales y transitorias | Disposiciones finales Ley 9/2017 | Baja |
Lo que no puedes fallar
Errores típicos
La Ley 9/2017 tiene como objeto regular los aspectos esenciales de la materia que le es propia, estableciendo el marco jurídico básico aplicable en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de aplicación directa y sirven de normativa mínima que las normas autonómicas pueden complementar pero no reducir.
El ámbito subjetivo de la Ley 9/2017 abarca tanto a las Administraciones Públicas en su actuación como a los particulares y organizaciones que se relacionan con ellas en las materias reguladas. Los detalles concretos sobre quiénes están obligados y en qué medida están en los artículos iniciales de la ley.
Como en la mayoría de las leyes administrativas, el régimen sancionador de la Ley 9/2017 distingue entre infracciones leves, graves y muy graves con sanciones proporcionales a la gravedad. Las sanciones suelen incluir multas, suspensiones o inhabilitaciones según el tipo de infracción. El principio de tipicidad exige que la conducta esté expresamente recogida en la ley.
🔑 La clave está en la práctica 🔑
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Transparencia y buen gobierno.