Test 1 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Título I

Domina el procedimiento administrativo.

1.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4, a quienes:

2.- ¿Qué es un "interesado potencial"?

3.- El uso de la firma con clave concertada está limitado a:

4.- Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o interponer recursos, ¿es necesario acreditar la representación?

5.- La firma del titular de un órgano administrativo, ¿puede ser delegada?

6.- Señale la afirmación INCORRECTA sobre la representación.

7.- Los registros electrónicos de apoderamientos permiten inscribir apoderamientos de carácter:

8.- La representación de los interesados ante las Administraciones Públicas:

9.- Un certificado electrónico cualificado de firma electrónica sirve para:

10.- Una asociación que representa intereses colectivos de sus miembros, ¿puede ser considerada interesada en un procedimiento?

11.- Cuando en una solicitud firmada por varios interesados, las actuaciones deban efectuarse con todos ellos, se practicarán con:

12.- La falta o insuficiente acreditación de la representación:

13.- ¿Qué artículo del Título I regula la capacidad de obrar?

14.- El Título I de la Ley 39/2015 se denomina:

15.- La capacidad de obrar de una persona jurídica se acredita mediante:

16.- ¿Están las Administraciones Públicas obligadas a disponer de un registro electrónico de apoderamientos?

17.- Señale la afirmación correcta:

18.- Una Administración Pública, ¿está obligada a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento?

19.- La firma electrónica de los interesados, ¿con qué debe contar?

20.- ¿Tienen los menores de edad capacidad de obrar para el ejercicio de sus derechos e intereses?

21.- ¿Qué es un apoderamiento "apud acta"?

22.- ¿Qué sistemas de identificación están previstos en la Ley 39/2015 para los interesados?

23.- La inscripción de un apoderamiento en el registro electrónico:

24.- Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?

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