Test 3 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Título I

1.- El poder otorgado a un representante, ¿debe constar en el registro de apoderamientos?

2.- ¿Quiénes ostentan interés legítimo en un procedimiento?

3.- La firma electrónica del DNI se considera un sistema de:

4.- ¿Qué es un funcionario habilitado?

5.- Cuando la condición de interesado derive de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente:

6.- ¿Están las personas físicas obligadas a relacionarse electrónicamente con las AAPP?

7.- ¿Puede un interesado exigir a una Administración que utilice un sistema de firma concreto?

8.- Señale la afirmación INCORRECTA sobre la capacidad de obrar.

9.- El Título I de la Ley 39/2015 comprende los artículos:

10.- La representación debe acreditarse para:

11.- Un poder general inscrito en el registro de apoderamientos permite al representante:

12.- El Título I de la Ley 39/2015 se divide en:

13.- Un interesado que no está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, ¿puede hacerlo?

14.- El apoderamiento "apud acta" podrá otorgarse mediante comparecencia electrónica en:

15.- La asistencia de un funcionario habilitado para la identificación de un interesado:

16.- Si un interesado presenta varios escritos para un mismo asunto y no indica un domicilio único para notificaciones, ¿dónde se practicarán?

17.- ¿Qué es un Código Seguro de Verificación (CSV)?

18.- La acreditación de la representación para los actos de mero trámite:

19.- La firma electrónica de un interesado debe garantizar, como mínimo:

20.- ¿Tienen capacidad de obrar los grupos de afectados ante las Administraciones Públicas?

21.- La comparecencia de los interesados en las oficinas públicas para la realización de un trámite:

22.- La identificación mediante certificado electrónico cualificado de representante es un sistema válido para:

23.- El apoderamiento otorgado a un abogado para un procedimiento judicial, ¿es válido para el procedimiento administrativo previo?

24.- ¿Es válido que un interesado se identifique con un sistema de usuario y contraseña de una plataforma privada reconocida por la Administración?