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Test 3 Libro Cuarto Ley 9/2017

Contratación pública y transparencia.

1.- La revisión de oficio de los contratos administrativos declarados nulos se ajustará a lo dispuesto en:

2.- El principio de transparencia en contratación obliga a:

3.- El principio de integridad en contratación conlleva:

4.- De acuerdo con la LCSP, son causas de nulidad de pleno derecho de los contratos administrativos:

5.- El principio de proporcionalidad significa:

6.- El Libro IV de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, regula:

7.- Los efectos de la estimación de un recurso especial pueden ser:

8.- El control interno de la contratación se ejerce:

9.- El Tribunal de Cuentas en materia de contratación:

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— Marc, Fundador de Lince Opositor

10.- El recurso especial en materia de contratación es procedente:

11.- El principio de igualdad de trato en contratación exige:

12.- El plazo para interponer recurso especial es:

13.- Respecto a la anulabilidad de los contratos administrativos, señale la afirmación correcta:

14.- El control de la contratación pública busca:

15.- El control externo de la contratación corresponde:

16.- La invalidez parcial de un contrato implica:

17.- El recurso especial en materia de contratación se configura como:

18.- Los efectos de la declaración de nulidad son:

19.- La resolución de recursos especiales corresponde:

20.- La legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación corresponde:

21.- El plazo máximo para resolver y notificar el recurso especial en materia de contratación es de:

Guía del examinador

| Nivel Intermedio Alta presencia en examen

¡Test completado! Ahora viene lo importante: entender la lógica detrás de cada pregunta. Hemos analizado los conceptos clave, las trampas donde suele caer la mayoría y los artículos que el tribunal tiene en el punto de mira. Léelo para conectar puntos y reforzar tu criterio, no para memorizar a ciegas.

Aborda los aspectos procedimentales del Recurso Especial en materia de contratación. Centrado en los requisitos de revisión de oficio y la finalidad del control administrativo.

Test práctico centrado en la secuencia procesal y los efectos de la estimación de recursos. Analiza los requisitos específicos para la resolución de impugnaciones y los matices de la invalidez parcial. Es particularmente útil para opositores que necesitan pulir su conocimiento sobre el procedimiento administrativo de control, la legitimación para recurrir y las consecuencias de las resoluciones de los órganos independientes de resolución.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Invalidez parcial de los contratos Art. 43 LCSP Alta
Legitimación para interponer el recurso Art. 48 LCSP Media
Resolución del recurso especial Art. 57 LCSP Alta
Efectos de la resolución del recurso Art. 58 LCSP Media
Indemnizaciones y multas Art. 59 LCSP Baja

Lo que no puedes fallar

  • Recuerda que la invalidez de una cláusula solo anula el contrato si dicha cláusula es esencial (Art. 43).
  • Fíjate en que la estimación del recurso puede conllevar la anulación de actos del procedimiento o la retroacción de actuaciones.
  • Estudia las posibles multas por interposición de recursos temerarios o con mala fe.

Errores típicos

  • Creer que cualquier persona puede interponer un recurso especial sin acreditar un interés legítimo.
  • Pensar que la resolución del recurso especial agota siempre la vía administrativa sin posibilidad de recurso contencioso.
  • Ignorar que el órgano de contratación puede verse obligado a indemnizar al recurrente si se estima el recurso.

Preguntas frecuentes

Sí, el Art. 43 establece la invalidez parcial, donde las cláusulas válidas subsisten a menos que la parte inválida sea esencial para el contrato.

Puede anular actos ilegales, obligar a corregir el pliego o incluso suponer la adjudicación a favor del recurrente (Art. 57 LCSP).

Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto afectados por las decisiones objeto de recurso (Art. 48 LCSP).

Podrá imponer una multa al recurrente que oscilará entre los 1.000 y 30.000 euros, dependiendo de la mala fe y el perjuicio causado (Art. 59 LCSP).

🔑 La clave está en la práctica 🔑

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