Inicio
/
Tests
/
Ley 39/2015
/
Título VI
/
Test 4

Test 4 Título VI Ley 39/2015

Domina el procedimiento administrativo.

1.- ¿Qué principio de buena regulación NO está explícitamente en el artículo 129?

2.- La publicación de una Orden Ministerial se realiza en:

3.- El principio de "proporcionalidad" en la buena regulación implica que la norma debe ser el instrumento:

4.- La consulta pública previa del artículo 133.1, ¿se aplica a la elaboración de Decretos-leyes?

5.- El Plan Anual Normativo contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que se prevea elevar al Consejo de Ministros para su aprobación. ¿Y las de los Ministerios?

6.- ¿Qué documento acompaña a un anteproyecto de ley?

7.- La Memoria del Análisis de Impacto Normativo debe contener, entre otros, un análisis sobre:

8.- La participación de los ciudadanos en la elaboración de reglamentos se articula a través de:

9.- El principio de jerarquía normativa implica que:

Estudiar es un tostón, pero tiene truco. 🦁

Cada lunes mando un email corto con técnicas de memoria, gestión de tiempo y motivación. Sin paja legal, solo lo que funciona. Si no quieres perdértelo, apúntate a la newsletter. No te vas a arrepentir.

— Marc, Fundador de Lince Opositor

10.- La obligación de habilitar un "punto de acceso general" con el listado de las consultas públicas en curso es del:

11.- Señale la afirmación INCORRECTA. La potestad reglamentaria:

12.- Las disposiciones administrativas no podrán establecer la exigencia de presentar documentación que ya se encuentre en poder de la Administración actuante. Este principio está relacionado con el de:

13.- En la elaboración de una norma, ¿es obligatorio solicitar el dictamen del Consejo de Estado?

14.- ¿Puede un Ayuntamiento prescindir de la consulta pública previa para aprobar una ordenanza fiscal?

15.- El Plan Anual Normativo, ¿puede ser modificado?

16.- La obligación de las AAPP de publicar en su sede electrónica el Plan Anual Normativo es una manifestación del principio de:

17.- Un reglamento que contradice lo dispuesto en una ley es:

18.- Un reglamento que establece una sanción no prevista en una ley:

19.- El resultado de la evaluación de la aplicación de una norma se plasmará en un informe que:

20.- ¿Qué principio exige que en la exposición de motivos de una norma se justifique su adecuación al resto del ordenamiento?

21.- Un reglamento que regula una materia sin que exista una ley previa que le dé cobertura es un reglamento:

22.- La publicación de las normas en el Portal de la Transparencia junto con sus memorias y los informes que las conforman es una medida de:

23.- El trámite de audiencia a los interesados, ¿puede realizarse a través de sus asociaciones representativas?

24.- Las disposiciones administrativas de carácter general, ¿pueden ser dictadas por un Director General?

Guía del examinador

| Nivel Intermedio Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

El examinador sabe que el Título VI es uno de los menos estudiados. Por eso aparece cuando menos lo esperas.

El Título VI de la Ley 39/2015 regula aspectos fundamentales del procedimiento administrativo común. La Ley 39/2015 modernizó el procedimiento administrativo español introduciendo la tramitación electrónica como eje vertebrador y unificando el procedimiento aplicable a todas las Administraciones Públicas.

El bloque concentra cuestiones procedimentales específicas que el examinador trabaja de forma técnica. Los opositores que solo han estudiado la estructura general de la ley y no han profundizado en los títulos específicos encuentran aquí sus peores sorpresas. Los plazos, los sujetos legitimados y las excepciones son los tres focos de las preguntas más habituales.

Un consejo práctico: cuando una pregunta sobre la Ley 39 mencione un plazo concreto, desconfía de los números redondos si no los has contrastado con el texto legal. El examinador pone plazos ligeramente erróneos que parecen correctos a primera vista.

Concepto crítico	Referencia legal	Presencia
Procedimiento administrativo y sus fases	Arts. 54-105 Ley 39/2015	Alta
Plazos y cómputo de plazos	Arts. 29-32 Ley 39/2015	Alta
Actos administrativos: requisitos y eficacia	Arts. 34-52 Ley 39/2015	Alta
Notificación y publicación	Arts. 40-46 Ley 39/2015	Alta
Recursos administrativos	Arts. 112-126 Ley 39/2015	Alta
Revisión de oficio	Arts. 106-111 Ley 39/2015	Media

Lo que no puedes fallar

Distingue siempre qué regula la Ley 39 (procedimiento) y qué regula la Ley 40 (régimen jurídico): es la pregunta trampa número uno
Memoriza que el plazo máximo de resolución es de 6 meses salvo que la normativa fije uno distinto
Recuerda que el silencio positivo es la regla general y el negativo la excepción, pero hay materias donde siempre es negativo
Fíjate que el recurso de alzada procede contra actos que no agotan la vía administrativa
No confundas la nulidad de pleno derecho (art. 47) con la anulabilidad (art. 48): los vicios son distintos

Errores típicos

Confundir el ámbito subjetivo de la Ley 39 con el de la Ley 40 porque ambas se aplican a las Administraciones Públicas
Pensar que el silencio administrativo siempre es negativo cuando la ley establece el positivo como regla general
Mezclar los plazos del recurso de alzada (un mes acto expreso, tres meses silencio) con los del recurso de reposición
Olvidar que la revisión de oficio por nulidad absoluta no tiene plazo, mientras que la de actos anulables sí

Preguntas frecuentes

Son complementarias pero con objetos distintos. La Ley 39 regula el procedimiento: cómo se tramitan, notifican y recurren los actos. La Ley 40 regula el régimen jurídico: organización de las Administraciones, órganos y relaciones interadministrativas. Son las dos herederas de la antigua Ley 30/1992.

Opera como regla general cuando la Administración no resuelve en plazo. Sin embargo, opera el silencio negativo cuando la estimación de la solicitud implique transferencia de facultades relativas al dominio público o servicio público, o cuando la normativa sectorial así lo prevea. El silencio negativo nunca puede invocarse para adquirir facultades contra el ordenamiento.

Contra actos expresos, un mes desde la notificación. Si el acto es presunto, tres meses desde que se entiende producido el silencio. El recurso de alzada agota la vía administrativa cuando lo resuelve el órgano superior jerárquico.

🔑 La clave está en la práctica 🔑