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Test 8 Título III Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- ¿Qué es el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)?

2.- ¿Qué principio permite a una Administración fijar los medios para ordenar la actividad de otra?

3.- Señale la afirmación INCORRECTA. Son técnicas de cooperación:

4.- Las Comisiones Bilaterales de Cooperación:

5.- Un convenio de colaboración entre la AGE y una C.A. debe ser inscrito en:

6.- Los convenios de colaboración entre la AGE y las CCAA se publican en el BOE y en:

7.- El principio de "pensar una sola vez" (once-only) en las relaciones entre AAPP se refiere a:

8.- Los convenios de colaboración deben tener una vigencia máxima, incluyendo sus prórrogas, de:

9.- El deber de colaboración entre las AAPP consiste en:

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10.- La Conferencia de Presidentes se reúne, con carácter general, con una periodicidad:

11.- Un consorcio se adscribe a la Administración Pública que:

12.- El Título III de la Ley 40/2015, ¿cuántos capítulos tiene?

13.- Las Conferencias Sectoriales pueden ser de dos tipos:

14.- El deber de las Administraciones de ponderar los intereses públicos implicados es una manifestación del principio de:

15.- Las Conferencias Sectoriales de ámbito europeo tienen como función:

16.- El Título III de la Ley 40/2015 es desarrollo del artículo de la Constitución:

17.- El deber de colaboración se aplica a las relaciones entre:

18.- La asistencia recíproca entre AAPP para el ejercicio de sus competencias es una manifestación de:

19.- ¿Qué principio garantiza que los sistemas de información de las AAPP puedan intercambiar datos?

20.- La planificación de la actividad de una Administración que afecte a las competencias de otra requiere:

21.- Un convenio de colaboración entra en vigor:

22.- ¿Puede un consorcio tener personal propio?

23.- La transmisión de datos entre Administraciones Públicas se realizará preferentemente por:

24.- ¿Los acuerdos de una Conferencia Sectorial pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

Guía del examinador

| Nivel Avanzado Alta presencia en examen

¡Test completado! Ahora viene lo importante: entender la lógica detrás de cada pregunta. Hemos analizado los conceptos clave, las trampas donde suele caer la mayoría y los artículos que el tribunal tiene en el punto de mira. Léelo para conectar puntos y reforzar tu criterio, no para memorizar a ciegas.

Finaliza tu preparación con este test sobre el principio 'once-only', el SIR y la adscripción de los consorcios.

El último test del grupo cierra el bloque con un fuerte componente tecnológico y de gestión administrativa moderna. Se pregunta sobre el sistema SIR para la interconexión de registros, el principio de 'pensar una sola vez' para evitar pedir datos que ya tiene la Administración, y las reglas de adscripción de los consorcios basadas en la financiación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principio 'Once-Only' y transmisión de datos Art. 155 Ley 40/2015 Alta
Adscripción de los consorcios Art. 120 Ley 40/2015 Alta
Duración y prórroga de convenios (4+4) Art. 49 Ley 40/2015 Media
Conferencias Sectoriales de ámbito europeo Art. 147 Ley 40/2015 Baja

Lo que no puedes fallar

  • Recuerda la regla 4+4: duración máxima de 4 años y una única prórroga de hasta 4 años adicionales.
  • Un consorcio se adscribe a la Administración que aporte mayor financiación al presupuesto anual.
  • El SIR permite que cualquier registro administrativo actúe como ventanilla única de entrada.

Errores típicos

  • Pensar que el principio 'once-only' exime de identificarse ante la administración.
  • Equivocar el criterio de adscripción de un consorcio (no es por territorio, es por financiación o voto).
  • Creer que el deber de colaboración solo se aplica entre la AGE y las CCAA (también incluye Entidades Locales).

Preguntas frecuentes

A aquella que disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno o que aporte más financiación (Art. 120).

Es la infraestructura tecnológica que permite el intercambio de asientos registrales de forma electrónica entre todas las AAPP.

Implica que los ciudadanos no tienen obligación de aportar documentos que ya obren en poder de cualquier Administración Pública.

Como norma general, ocho años en total (4 iniciales más otros 4 de prórroga), según el artículo 49.h.

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