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Test 8 Título III Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- Las Conferencias Sectoriales de ámbito europeo tienen como función:

2.- ¿Qué es el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)?

3.- El deber de las Administraciones de ponderar los intereses públicos implicados es una manifestación del principio de:

4.- Los convenios de colaboración entre la AGE y las CCAA se publican en el BOE y en:

5.- El Título III de la Ley 40/2015 es desarrollo del artículo de la Constitución:

6.- ¿Qué principio garantiza que los sistemas de información de las AAPP puedan intercambiar datos?

7.- ¿Los acuerdos de una Conferencia Sectorial pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

8.- Un convenio de colaboración entre la AGE y una C.A. debe ser inscrito en:

9.- Las Comisiones Bilaterales de Cooperación:

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10.- Un consorcio se adscribe a la Administración Pública que:

11.- Los convenios de colaboración deben tener una vigencia máxima, incluyendo sus prórrogas, de:

12.- La Conferencia de Presidentes se reúne, con carácter general, con una periodicidad:

13.- El Título III de la Ley 40/2015, ¿cuántos capítulos tiene?

14.- Señale la afirmación INCORRECTA. Son técnicas de cooperación:

15.- Las Conferencias Sectoriales pueden ser de dos tipos:

16.- El principio de "pensar una sola vez" (once-only) en las relaciones entre AAPP se refiere a:

17.- El deber de colaboración entre las AAPP consiste en:

18.- La transmisión de datos entre Administraciones Públicas se realizará preferentemente por:

19.- El deber de colaboración se aplica a las relaciones entre:

20.- La asistencia recíproca entre AAPP para el ejercicio de sus competencias es una manifestación de:

21.- La planificación de la actividad de una Administración que afecte a las competencias de otra requiere:

22.- ¿Puede un consorcio tener personal propio?

23.- ¿Qué principio permite a una Administración fijar los medios para ordenar la actividad de otra?

24.- Un convenio de colaboración entra en vigor:

Guía del examinador

| Nivel Avanzado Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales... El Título III clasifica y regula cada figura del sector público.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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