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Test 6 Título III Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- Si una Administración incumple el deber de facilitar información a otra, esta última podrá:

2.- ¿Qué principio permite a una Administración fijar los medios para ordenar la actividad de otra?

3.- Los convenios de colaboración entre la AGE y las CCAA se publican en el BOE y en:

4.- La prórroga de un convenio de colaboración:

5.- Un convenio de colaboración, ¿puede ser verbal?

6.- La cooperación entre Administraciones se basa en el principio de:

7.- ¿Qué principio garantiza que los sistemas de información de las AAPP puedan intercambiar datos?

8.- La ponderación de los intereses públicos en juego es un deber de:

9.- Las relaciones entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales se rigen por:

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10.- El Título III de la Ley 40/2015, ¿se aplica a las relaciones de la AGE con el Banco de España?

11.- Las Comisiones Bilaterales de Cooperación se reúnen, con carácter general, a iniciativa de:

12.- ¿Qué principio asegura que las AAPP proporcionen los datos y documentos de forma estandarizada y comprensible?

13.- El "deber de asistencia" es una manifestación del:

14.- Las decisiones de una Comisión Bilateral de Cooperación:

15.- La asistencia recíproca entre AAPP para el ejercicio de sus competencias es una manifestación de:

16.- ¿Los acuerdos de una Conferencia Sectorial pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

17.- Las Conferencias Sectoriales pueden ser convocadas por:

18.- Un convenio de colaboración entra en vigor:

19.- ¿Qué es el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)?

20.- El deber de colaboración se aplica a las relaciones entre:

21.- La Conferencia de Presidentes se reúne, con carácter general, con una periodicidad:

22.- El Título III de la Ley 40/2015, al regular la cooperación, está desarrollando el artículo de la Constitución:

23.- La asistencia y cooperación entre Administraciones se prestará preferentemente por medios:

24.- ¿Un convenio puede tener efectos retroactivos?

Guía del examinador

| Nivel Avanzado Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

¿Qué diferencia hay entre un organismo autónomo y una entidad pública empresarial? La respuesta está en el Título III de la Ley 40.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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