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Test 3 Título III Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- Un convenio de colaboración debe incluir necesariamente:

2.- Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, actúan con arreglo a los principios de:

3.- ¿Qué principio asegura que las AAPP proporcionen los datos y documentos de forma estandarizada y comprensible?

4.- Un convenio de colaboración, ¿puede ser verbal?

5.- Las Comisiones Bilaterales de Cooperación se reúnen, con carácter general, a iniciativa de:

6.- ¿Puede una Conferencia Sectorial adoptar acuerdos de obligado cumplimiento?

7.- El acceso a las actas de una Conferencia Sectorial:

8.- La prórroga de un convenio de colaboración:

9.- El "deber de asistencia" es una manifestación del:

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10.- La liquidación de un convenio extinguido por incumplimiento de una de las partes puede dar lugar a:

11.- ¿Un convenio puede tener efectos retroactivos?

12.- El deber de colaboración se prestará, salvo que exista una previsión legal diferente, en el plazo de:

13.- Señale la afirmación INCORRECTA. Las relaciones electrónicas entre AAPP:

14.- Un convenio entre la AGE y una Entidad Local debe ser comunicado a:

15.- Si una Administración incumple el deber de facilitar información a otra, esta última podrá:

16.- ¿Qué es la "interoperabilidad semántica"?

17.- Un convenio suscrito entre dos Ayuntamientos de la misma provincia para prestar un servicio común es un ejemplo de:

18.- La diferencia fundamental entre cooperación y coordinación es que:

19.- Las Conferencias Sectoriales pueden ser convocadas por:

20.- El Título III de la Ley 40/2015, ¿se aplica a las relaciones de la AGE con el Banco de España?

21.- ¿Cuál de los siguientes es el órgano de máximo nivel de cooperación política entre el Gobierno y los Gobiernos de las CCAA?

22.- Los convenios de colaboración deben ir acompañados de una memoria justificativa que analice:

23.- La ponderación de los intereses públicos en juego es un deber de:

24.- El deber de una Administración de prestar asistencia a otra cuando esta se la solicite es una manifestación del deber de:

Guía del examinador

| Nivel Intermedio Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

El sector público institucional es cada vez más preguntado. Sus distintas figuras y sus regímenes jurídicos son el foco del examinador.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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