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Test 2 Título III Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- Las decisiones de una Conferencia Sectorial que afecten al reparto de fondos estatales para las CCAA deben respetar:

2.- El deber de facilitar a otras AAPP la información que precisen está limitado por:

3.- Si un convenio prevé la creación de un consorcio, este tendrá personalidad jurídica:

4.- Un convenio interadministrativo se extingue por:

5.- ¿Puede una Conferencia Sectorial crear un grupo de trabajo?

6.- ¿Qué es la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios?

7.- ¿Qué principio exige que las AAPP valoren el impacto que sus actuaciones puedan provocar en el resto de Administraciones?

8.- La plataforma Cl@ve es un ejemplo de cooperación para:

9.- Las Conferencias Sectoriales pueden adoptar:

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10.- Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos para la:

11.- Los convenios de colaboración entre la AGE y los organismos públicos vinculados a ella:

12.- El Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) depende de:

13.- ¿Puede una Conferencia Sectorial estar compuesta solo por CCAA, sin la AGE?

14.- Las recomendaciones de una Conferencia Sectorial, ¿son de obligado cumplimiento?

15.- Las relaciones electrónicas entre AAPP deben garantizar la seguridad de los datos. Esto se regula en el Esquema Nacional de:

16.- Señale la afirmación INCORRECTA. El deber de colaboración entre las AAPP comprende:

17.- Un convenio de colaboración, para ser eficaz, requiere:

18.- El Título III de la Ley 40/2015 está dividido en:

19.- Un convenio de colaboración, una vez publicado, obliga a las partes a:

20.- El principio de "ponderación, en el ejercicio de las competencias propias, de la totalidad de los intereses públicos implicados" es una manifestación de:

21.- ¿Qué es la "coordinación" en el ámbito interadministrativo?

22.- Si una Administración incumple las obligaciones de un convenio, ¿qué pueden hacer las demás partes?

23.- La adhesión de una Administración a un convenio ya suscrito por otras:

Guía del examinador

| Nivel Básico Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

¿Qué diferencia hay entre un organismo autónomo y una entidad pública empresarial? La respuesta está en el Título III de la Ley 40.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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