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Test 1 Título I Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- Los Secretarios Generales, con categoría de Subsecretario, existen cuando:

2.- Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos:

3.- Señale cuál de los siguientes es un órgano SUPERIOR de la Administración Central.

4.- Señale la afirmación INCORRECTA sobre la Administración Periférica del Estado.

5.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son nombrados por:

6.- Los Secretarios de Estado son responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en:

7.- La creación, modificación y supresión de Ministerios se establece por:

8.- Los Ministros, como titulares de un Departamento, ejercen la potestad:

9.- ¿Quién dirige la Administración General del Estado en el exterior?

Lince Opositor
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— Marc, Fundador de Lince Opositor

10.- ¿Quién dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma?

11.- ¿Quién nombra y separa a los Secretarios de Estado?

12.- Los Subdelegados del Gobierno en las provincias son nombrados por:

13.- ¿Qué órgano directivo tiene la función de prestar asistencia técnica y administrativa al Ministro?

14.- La gestión de los servicios comunes de un Ministerio corresponde a:

15.- ¿Quién nombra a los Subdirectores Generales?

16.- ¿Qué órganos componen la Administración General del Estado (AGE)?

17.- Los Subsecretarios y los Secretarios Generales Técnicos son:

18.- El Título I de la Ley 40/2015 se denomina:

19.- Un Ministro, para ser nombrado, debe ser:

20.- La Administración del Estado en el exterior está compuesta principalmente por:

21.- Los Directores Generales son los titulares de los órganos directivos encargados de:

22.- En las provincias donde no radique la sede de la Delegación del Gobierno, existirá un:

23.- Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del:

24.- Los Ministerios son los departamentos de la Administración General del Estado encargados de:

Guía del examinador

| Nivel Básico Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

El Título I regula las relaciones entre la Administración y los ciudadanos: responsabilidad patrimonial y potestad sancionadora.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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