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Test 3 Título I Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- La determinación del número y denominación de los Ministerios es una competencia de:

2.- Los servicios territoriales de la AGE en la provincia se integran en:

3.- El nombramiento de los Directores Generales, por regla general, debe recaer en:

4.- Los Delegados del Gobierno, ¿son altos cargos de la AGE?

5.- ¿Cuál de los siguientes es un órgano directivo con rango de Subsecretario?

6.- El Título I de la Ley 40/2015, ¿se aplica a las Comunidades Autónomas?

7.- En las CCAA pluriprovinciales, ¿puede el Delegado del Gobierno delegar competencias en los Subdelegados?

8.- La suplencia de los Ministros, en caso de ausencia o enfermedad, ¿quién la determina?

9.- La asistencia al Ministro en la planificación de la actividad del Ministerio es una función de:

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10.- Un Secretario General, ¿tiene las mismas competencias que un Secretario de Estado?

11.- Señale la afirmación correcta sobre los Ministros sin cartera.

12.- Señale la afirmación INCORRECTA. La Administración del Estado en el exterior:

13.- ¿Cuál de las siguientes es una función de los Secretarios de Estado?

14.- La organización de la Presidencia del Gobierno se rige por:

15.- Los Directores Insulares de la Administración General del Estado dependen jerárquicamente de:

16.- Los órganos de la Administración General del Estado se clasifican en:

17.- Los órganos directivos de la Administración General del Estado son:

18.- ¿Cuál es el órgano directivo de mayor rango dentro de un Ministerio, después de los órganos superiores?

19.- ¿Quién nombra a los Directores Generales?

20.- ¿En qué Comunidades Autónomas uniprovinciales NO existe Subdelegado del Gobierno?

21.- La relación de las unidades administrativas que integran una Subsecretaría se establece en:

22.- La creación de Subdirecciones Generales se realiza por:

23.- El Embajador es el representante de España ante:

24.- ¿Cuál es el órgano encargado de la gestión de los servicios comunes del Ministerio?

Guía del examinador

| Nivel Intermedio Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

El Título I de la Ley 40 concentra dos materias muy preguntadas: cuándo responde económicamente la Administración y cómo sanciona.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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