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Test 4 Título I Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- ¿Cuál es la función del Ministro como titular de su Departamento?

2.- En las CCAA uniprovinciales, ¿quién ejerce las competencias de protección civil del Estado?

3.- El Título I de la Ley 40/2015, ¿cuántos capítulos tiene?

4.- Un Secretario de Estado es nombrado y separado por:

5.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por el Consejo de Ministros. ¿A propuesta de quién?

6.- ¿Cuál de los siguientes es el órgano directivo de menor rango en la estructura de la AGE?

7.- Una Misión Diplomática Especial representa a España de forma:

8.- La creación de una Dirección General se realiza por:

9.- La Subsecretaría es un órgano directivo que depende directamente de:

Lince Opositor
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10.- Los Delegados del Gobierno, ¿pueden ser cesados libremente?

11.- El Servicio Exterior del Estado se rige por los principios de:

12.- ¿Quién preside la Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno?

13.- Los Subdelegados del Gobierno en las provincias son suplidos por:

14.- ¿De quién dependen las Secretarías Generales Técnicas?

15.- Señale la afirmación INCORRECTA. La Secretaría General Técnica:

16.- El Delegado del Gobierno, en sus funciones de dirección, ¿de quién recibe instrucciones?

17.- Los Ministerios se estructuran orgánicamente en:

18.- La creación de Ministerios se realiza por Real Decreto del Presidente del Gobierno. ¿Y la de los propios Ministerios?

19.- Los Gabinetes son órganos de asistencia:

20.- ¿Un Secretario de Estado puede dictar Órdenes Ministeriales?

21.- Los Directores Generales, ¿pueden ser nombrados sin ser funcionarios de carrera?

22.- ¿Qué órgano se encarga de la gestión presupuestaria y de personal de un Ministerio?

23.- ¿En qué islas NO existe un Director Insular?

24.- La competencia para resolver los conflictos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio corresponde a:

Guía del examinador

| Nivel Intermedio Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

Responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, potestad sancionadora... El Título I de la Ley 40 es uno de los más rentables de estudiar.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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