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Test 5 Título II Ley 40/2015

El funcionamiento interno del sector público.

1.- ¿Puede un Organismo Autónomo tener patrimonio propio?

2.- Un Organismo Autónomo se rige, con carácter general, por el:

3.- Los fondos sin personalidad jurídica se rigen por:

4.- La tutela de una sociedad mercantil estatal por parte de la Administración de adscripción:

5.- Las Universidades públicas no empresariales se rigen por la Ley 40/2015 en lo no previsto en:

6.- Los organismos públicos se clasifican en:

7.- La creación de un Organismo Autónomo se realiza mediante:

8.- ¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte del sector público institucional estatal?

9.- El personal de los Organismos Autónomos es, con carácter general:

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10.- El personal de las Entidades Públicas Empresariales se rige, como regla general, por el:

11.- Las Entidades Públicas Empresariales se financian mayoritariamente con:

12.- Un consorcio es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, creada por varias Administraciones Públicas para:

13.- ¿A qué Administración Pública se adscribe un consorcio?

14.- ¿Qué es la "transformación" de un organismo público?

15.- Una Entidad Pública Empresarial (EPE) se caracteriza por realizar actividades:

16.- El Protectorado de una fundación del sector público es ejercido por:

17.- La inscripción de la creación de una nueva entidad en el INVENTE, ¿es un requisito para su eficacia?

18.- Las autoridades administrativas independientes actúan con independencia funcional respecto a:

19.- ¿Qué es el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal (INVENTE)?

20.- Señale la afirmación INCORRECTA sobre las sociedades mercantiles estatales.

21.- Una fundación del sector público es aquella que reúne, entre otros, el requisito de que:

22.- Los fondos sin personalidad jurídica del sector público se crearán por:

23.- ¿Quién nombra al titular de una autoridad administrativa independiente?

24.- La disolución de un organismo público requiere:

Guía del examinador

| Nivel Avanzado Alta presencia en examen

Ya has hecho el test. Ahora toca entender por qué cada respuesta es la que es. Aquí tienes el análisis de los conceptos que han caído, los errores que comete casi todo el mundo y los artículos que el examinador tiene más frescos. Úsalo para repasar, no para memorizar.

El Título II regula los órganos de la Administración General del Estado: del Consejo de Ministros a los organismos autónomos.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas. Es el complemento necesario de la Ley 39/2015 y juntas forman el marco jurídico-administrativo moderno que sustituyó a la antigua Ley 30/1992.

El punto que más confunde a los opositores es saber qué regula cada ley. Una regla sencilla: si la pregunta habla de un procedimiento, de un acto administrativo, de una notificación o de un recurso, la respuesta está en la Ley 39. Si habla de un órgano, de una competencia, de la delegación, de un convenio o de la relación entre Administraciones, la respuesta está en la Ley 40.

Los conceptos más preguntados de la Ley 40 son la delegación de competencias y la avocación, los principios de actuación de las Administraciones Públicas, la composición y funcionamiento del Consejo de Ministros y los distintos tipos de organismos del sector público institucional. El examinador también trabaja los convenios interadministrativos y las relaciones de coordinación y cooperación.

Concepto crítico Referencia legal Presencia
Principios de actuación y funcionamiento del sector público Art. 3 Ley 40/2015 Alta
Delegación de competencias Art. 9 Ley 40/2015 Alta
Avocación Art. 10 Ley 40/2015 Alta
Consejo de Ministros: composición y funciones Arts. 16-17 Ley 40/2015 Alta
Organismos autónomos y entidades públicas empresariales Arts. 84-103 Ley 40/2015 Media
Convenios interadministrativos Arts. 47-53 Ley 40/2015 Media

Lo que no puedes fallar

  • Distingue delegación de competencias (el órgano cede el ejercicio pero no la titularidad) de la delegación intersubjetiva
  • Memoriza que la avocación permite al órgano superior reasumir competencias delegadas o del inferior jerárquico en casos singulares
  • Recuerda los principios del art. 3: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, entre otros
  • Fíjate que los convenios interadministrativos tienen requisitos formales específicos: publicación, objeto, duración, financiación
  • No confundas organismo autónomo (derecho público) con entidad pública empresarial (derecho privado para sus actividades)

Errores típicos

  • Confundir delegación de competencias (traslado del ejercicio) con encomienda de gestión (traslado solo de actividades materiales)
  • Pensar que el órgano delegante puede dictar actos en la materia delegada sin revocar previamente la delegación
  • Creer que la avocación solo puede hacerse sobre competencias delegadas cuando también puede hacerse sobre competencias de órganos inferiores
  • Olvidar que los convenios interadministrativos deben publicarse en el Boletín Oficial correspondiente

Preguntas frecuentes

En la delegación de competencias el órgano traslada el ejercicio de la competencia: el órgano delegado dicta los actos en nombre propio. En la encomienda de gestión solo se trasladan actividades de carácter material, técnico o de servicios: el órgano encomendante sigue siendo responsable y el órgano encomendado actúa en su nombre.

La avocación es el mecanismo por el que el órgano superior puede reasumir, para un asunto concreto, el conocimiento de un asunto delegado o de un asunto atribuido a un órgano administrativo inferior. Procede cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Requiere comunicación al órgano afectado.

El art. 3 establece que las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la ley y el Derecho. También deben actuar con respecto a los principios de buena fe y confianza legítima, entre otros.

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